QUE CON PREMURA POLÍTICA PGR PRETENDA CERRAR LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS

 El día de hoy, 27 de enero de 2014, la Procuraduría General de la República dio a conocer información vinculada con la investigación del paradero de los 43 estudiantes de Aytozinapa desaparecidos.

Frente a lo dicho por la Procuraduría General de la República, las y los familiares de los 43 desaparecidos manifestamos:

1. Que expresamos nuestro repudio a la manera en que el Gobierno Federal ha priorizado informar a los medios de comunicación antes que a las víctimas los avances del caso. Es preciso recordar que el Presidente de la República firmó una minuta comprometiéndose a que se informaría a los familiares antes que a los medios para evitar la revictimización, lo que se ha incumplido y se ha acentuado a las últimas semanas.

2. Que la información dada a conocer el día de hoy los familiares no la conocíamos a profundidad, pues se ha incumplido el compromiso de proporcionarnos copias de todas las actuaciones que obren en los expedientes consignados, pese a que este también fue un compromiso asumido por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto.

3. Que no puede darse por concluida la investigación sobre la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa debido a que:

a) No puede darse por concluida la investigación porque no existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Co cula. La PGR dio a conocer hoy que su hipótesis se sostiene en varios dictámenes de química, biología y otros. Dado que es más que conocido que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y puesto que reconocidos científicos han expresado dudas sobre esta hipótesis, no podemos aceptar esos resultados hasta en tanto no realizan esos mismos peritajes expertos independientes con las más altas calificaciones. En ese sentido, reiteramos nuestra confianza en el Equipo Argentino de antropología forense y exigimos que se remuevan todos los obstáculos para que realicen su labor en condiciones óptimas.

b) No puede darse por concluida la investigación porque la declaración de Felipe Rodríguez Salgado, contrario a lo señalado por la Procuraduría, no es determinante para esclarecer lo ocurrido en Cocula pues como se aceptó en la misma conferencia, dicha persona no declaró haber permanecido en ese lugar durante todo el tiempo que supuestamente duraron los hechos.

c) No puede darse por concluida la investigación porque la información dada a conocer por la Procuraduría depende en exceso de declaraciones efectuadas ante ministerio público, por personas que fácilmente pudieron ser coaccionadas, pues es de todos conocido que en México la tortura es recurrente. Al respecto, se ha hecho pública información sobre la posible tortura de algunos inculpados sin que hasta ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya intervenido para aclarar estas denuncias.

d) No puede darse por concluida la investigación porque la Procuraduría ni hoy ni en ninguna otra conferencia ha aclarado cómo explica en su teoría del caso el cruento homicidio de Julio César Mondragón, cuyo joven cuerpo desollado fue encontrado en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos. ¿Cómo explica el señor Murillo este hecho hasta hoy no esclarecido?

e) No puede darse por concluida la investigación porque el Estado mexicano, a cuatro meses de los hechos, se ha mostrado incapaz para detener a quienes según su hipótesis serían responsables. El Gobierno Federal no ha podido detener al máximo responsable de la corrupta policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, ni a su cómplice y subalterno Francisco Salgado Valladares. Tampoco ha sido capaz de detener a Gildardo Astudillo, alias el Cabo Gil, personaje a quien la propia PGR asigna gran relevancia en su versión de los hechos. También siguen prófugos once de las quince personas que según la procuraduría estuvieron en Cocula, lo mismo que el líder de Guerreros Unidos, Ángel Casarrubias Salgado El mochomo. Ante tanto prófugo, ¿Cómo pretende el Procurador cerrar la investigación?

f) No puede darse por concluida la investigación porque la Procuraduría no ha logrado que exista un solo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada de personas, siendo que esta es la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos dado que como todo México ha exclamad o, fue el estado el que desapareció a nuestros hijos. En tanto los juicios no se ventilen bajo las figuras legales pertinentes, no puede cerrarse el caso.

g) No puede darse por concluida la investigación porque en el mismo expediente donde obran las declaraciones de los supuestos sicarios de Cocula, se encuentran también agregadas las declaraciones de otros sicarios de Iguala que confesaron haber atentado contra nuestros hijos no en Cocula sino en Pueblo Viejo y Cerro la Parota. ¿Cómo explica el señor Murillo que en un mismo expediente existan confesiones que se contraponen y son contradictorias entre sí?

h) No se puede cerrar la investigación porque en sentido contrario a lo dicho en la conferencia de hoy, solo hay certeza de la muerte de uno de los estudiantes desaparecidos. Esta certeza no implica certeza sobre la muerte de otros ni sobre el lugar donde esto pudo haber ocurrido. En ese sentido, es un error jurídico decir que se ha consignado por homicidio, cuando en realidad de nuevo se consignó por secuestro con la agravante de privación de la vida, lo que técnicamente implica una diferencia relevante.

i) No puede darse por concluida la investigación porque no se ha indagado la responsabilidad del Ejército, pese a que contrario a lo que hoy afirmó el Procurador, sí hay en el expediente indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, pues el Policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó ante el Ministerio Público que el Ejército sabía desde 2013 que los Guerreros Unidos controlaban la Policía de Cocula, pese a los cual las Fuerzas Armadas no investigaron a dichos delincuentes sino que antes bien les brindaron protección.

jNo puede darse por concluida la investigación porque ni siquiera ha empezado el deslinde de responsabilidades sobre el entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de septiembre. Está pendiente investigar a otros alcaldes, como el de Cocula, así como a otras autoridades del gobierno del estado de Guerrero.

Ante la falta de justicia y verdad en México, los familiares acudiremos a las instancias internacionales. Por ello, en breve una delegación de nosotros irá ante el Comité sobre la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas a denunciar lo que ocurre en México.

Asimismo, no dejamos de lado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha designado un grupo de expertos que a la brevedad deberá comenzar a realizar su verificación técnica de la investigación realizada por México; esta revisión es indispensable pues sabemos que encontrarán múltiples irregularidades.

Al pueblo de México le pedimos que no nos dejen solos y que entiendan nuestra lucha. Frente a un Gobierno Federal que tiene prisa por cerrar el caso Ayotzinapa, reivindicamos nuestro derecho a dudar de autoridades que una y otra vez han fabricado expedientes para salir de crisis que muestran su ineficacia. Exigimos también respeto a nuestra dignidad pues los tiempos de las víctimas no son los tiempos de los políticos.

Hoy, en su conferencia de prensa la PGR afirmó que la desaparición de nuestros hijos era un “hecho atípico”. Pero en nuestro caminar estos cuatro meses, hemos constatado que la desaparición forzada es hoy en México una realidad generalizada a lo largo y ancho del país. Miente la Procuraduría cuando afirma que la desaparición de jóvenes y los narco-gobiernos son atípicos, por el contrario hoy ese es el rostro herido de nuestra Nación. Hacia finales del año pasado, el propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas ascendía a 26,000 personas; se trata de familias como las nuestras, atravesadas por el dolor y la incertidumbre. Por eso, seguiremos luchando por justicia y verdad hasta que tengamos certeza plena sobre el paradero de nuestros hijos y hasta que transformemos México para que ninguna familia vuelva a vivir lo que nosotros estamos viviendo.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

México, en crisis y bajo el escrutinio del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU

 El Comité examinará por primera vez a México sobre el grado de cumplimiento de sus obligaciones respecto de las víctimas de desapariciones forzadas o involuntarias.

La revisión se realiza en el contexto de la crisis del Estado mexicano en materia de derechos humanos, de legitimidad de sus políticas y de impunidad.

Las conclusiones del Comité deben representar un punto de inflexión que permitan un cambio profundo en las acciones estatales.

México, a 29 de enero de 2015. – El próximo 2 y 3 de febrero el Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, en su 8º periodo de sesiones a celebrarse en Ginebra, Suiza, examinará a México sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El Comité cuenta con informes rendidos tanto por el Estado como por diversas organizaciones de la sociedad civil. En esta ocasión, sostendrá un diálogo público con el Estado mexicano, brindará un espacio para las organizaciones y víctimas para finalmente adoptar sus conclusiones y recomendaciones, mismas que se harán públicas el 13 de febrero.

México llega a este espacio señalado nacional e internacionalmente por usar la desaparición forzada desde la llamada “guerra sucia”, cuya impunidad persistente ha hecho posibles las más de 23,000 desapariciones contabilizadas oficialmente hasta el 2014. A la fecha, según el reporte del Estado, sólo existen 6 sentencias a nivel federal por casos de desaparición forzada lo cual continúa generando la comisión impune, generalizada y sistemática de estas graves de violaciones a derechos humanos.

En este marco, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero ha puesto en evidencia el actuar del Estado al violar los derechos humanos fundamentales para luego incumplir con su obligación de búsqueda e investigación adecuadas que conduzcan al paradero de los estudiantes y permitan conocer la verdad de lo sucedido, sancionar adecuadamente a los responsables y brindar una reparación adecuada y proporcional por los trágicos hechos.

A la par, resultan inaceptables los persistentes retrasos que México ha tenido frente al CED, que en el actual contexto debería resultarle prioritario. Ejemplo de ello es que el primer informe estatal, cuya fecha límite de presentación era diciembre de 2012, fue presentado en marzo de 2014. Igualmente, México se negó a contestar la petición del Comité de visitar el país durante el 2014 y finalmente demoró y limitó su contestación escrita a las preguntas previas formuladas por el Comité, omitiendo abordar las cuestiones más críticas el número real de personas desaparecidas así como la actuación y respuesta frente a casos emblemáticos como el de Ayotzinapa.

La falta de transparencia e información adecuada constituye una de las limitantes para un verdadero escrutinio internacional que permita exigir procesos de rendición de cuentas sobre una problemática que ya ha tenido diversos pronunciamientos de órganos internacionales, tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Asimismo, hasta la fecha el Estado se ha negado a reconocer la competencia del Comité para recibir tanto quejas individuales como interestatales de casos de desaparición forzada lo cual, en el contexto mexicano, limita seriamente los derechos humanos de las víctimas de acceder a instancias que puedan garantizar sus derechos de acuerdo al artículo 31 de la Convención. Además, un grupo de organizaciones de la sociedad civil solicitó una reunión con la Cancillería para plantear este tema desde el 8 de septiembre de 2014, pero nunca recibieron respuesta a su solicitud.

Tanto familiares de personas desaparecidas -mexicanas o migrantes- como las organizaciones abajo firmantes participaremos activamente en las sesiones del Comité CED para exigir que en México ninguna persona vuelva a desaparecer y se esclarezca la historia de decenas de miles de personas cuyo paradero se desconoce y por las cuales las familias y organizaciones no nos cansaremos de exigir verdad, justicia y reparación.

Organizaciones firmantes:

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos  Juan Gerardi
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)
Fundación Diego Lucero
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación
H.I.J.O.S. México
Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos
Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)

¡VIVOS LOS LLEVARON,

VIVOS LOS QUEREMOS!

Desaparecidos de ayer y hoy

P R E S E N T E S

Todos a buscar a los 43 en México y el mundo

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y

Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México

AFADEM-FEDEFAM

 AFADEM 1978-2015 37 años de lucha contra la impunidad en México

FEDEFAM 1981-2015 34 años de lucha contra la impunidad en el mundo

¡POR LA VIDA Y LA LIBERTAD, NI DESAPARECIDOS NI IMPUNIDAD!

¡HAGAMOS DE CADA INJUSTICIA, UNA BANDERA DE LUCHA!

La Desaparición Forzada de Personas (DFP) es un delito de Estado, de lesa humanidad, continuado e imprescriptible, sin posibilidad de indulto o amnistía, no es delito político, debe ser investigado en el fuero común.

En México, existen más de 1200 Detenidos Desaparecidos por motivos políticos de la decada de los 70. En el sexenio de Felipe Calderón, suman más de 12 mil los Detenidos Desaparecidos.

¡PROTESTAR ES UN DERECHO, REPRIMIR ES UN DELITO!

¡ALTO A LA IMPUNIDAD EN MÉXICO!

Presentación con vida:

* Teodulfo TORRES SORIANO, detenido desaparecido el 26 de marzo de 2013 en el Distrito Federal, México.
* Celedonio MONROY PRUDENCIO, detenido desaparecido el 24 de oct de 2012 en Ayotitlan, Cuautitlan, Jal., México.
* Víctor  AYALA TAPIA, detenido desaparecido el 14 de septiembre de 2010 en Papanoa, Tecpan de Galana, Gro., México.
* Erick Issac  MOLINA GARCÍA, detenido desaparecido el 14 junio de 2008 en Acapulco, Guerrero, México.
* Francisco  PAREDES RUIZ, detenido desaparecido el 26 de sep. de 2007 en Morelia, Michoacán, México.
* Gabriel Alberto  CRUZ SANCHEZ, detenido desaparecido el 24 de mayo de 2007 en Oaxaca, Oaxaca, México.
* Edmundo  REYES AMAYA, detenido desaparecido el 24 de mayo de 2007 en Oaxaca, Oaxaca, México.
* Jorge Gabriel CERON SILVA, detenido desaparecido el 14 de marzo de 2007 Chilpancingo, Guerrero, México.
¡Cumplimiento a la sentencia caso: Rosendo RADILLA PACHECO, ordenado por la Corte Interamericana de DH el 23 de noviembre de 2009!
810 Detenidos Desaparecidos del periodo de Terror de Estado de la década de los 70 y 80 y mas de 30 mil en del 2006 al 2012.