NOSSA AMÉRICA LATINA
XIV ENCUENTRO DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE SALUD CONTRA LA TORTURA, LA IMPUNIDAD Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Em Lima, no Peru, ocorreu o encontro anual de entidades de direitos humanos que trabalham na área de saúde mental. O Grupo Tortura Nunca Mais/RJ faz parte desta rede e participou deste encontro em setembro último representado por Cecília Coimbra, presidente do GTNM/RJ e Tânia Kolker, profissional do Projeto Clínico Jurídico Tortura Nunca Mais. A seguir algumas declarações e pronunciamentos tirados neste encontro.
DECLARACIÓN DE LIMA 2011
“POR UNA VIDA DIGNA Y SALUD PARA TODOS Y TODAS”
Las organizaciones de derechos humanos integrantes de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos reunidas en la ciudad de Lima, del 5 al 9 de septiembre de 2011, declaramos lo siguiente:
Nos llenan de esperanza las luchas que están desarrollando nuestros pueblos por la defensa de su derecho a la tierra, a la educación, a la justicia, a su cultura, a la igualdad y a la inclusión social. Así también, vemos con optimismo la anulación de las vergonzosas leyes de amnistía y los avances en juicios de responsables de violaciones a los derechos humanos en varios países de la región.
Seguimos aprendiendo de los jóvenes estudiantes, mujeres y pueblos originarios que con sus luchas están abriendo el camino para lograr mayores niveles de justicia e inclusión para todos y todas.
Saludamos también las comprometidas iniciativas de recuperación de la memoria histórica que los pueblos latinoamericanos están realizando, y que servirán de clara señalización para impedir nuevas formas de dominación y masacres.
Por otra parte, destacamos la ratificación por parte de los Estados, de la Convención Contra la Tortura y del Protocolo Facultativo, que establecen mecanismos de prevención de la tortura.
Sin embargo, vemos con mucha preocupación, rabia e indignación, que todavía numerosos gobiernos no han ratificado la Convención Contra la Desaparición Forzada de Personas, la Convención Contra la Tortura, así como el Protocolo Facultativo de Prevención de la misma ni se han instalado los Mecanismos Nacionales de Prevención, continúan los abusos, violaciones de derechos humanos y la impunidad: la tortura sigue presente.
Especialmente señalamos la grave situación que viven las personas que han sido privadas de su libertad, en cárceles, centros de detención de adolescentes, instituciones psiquiátricas, centros de desintoxicación, estaciones migratorias, comisarías de policía, entre otros, los cuales se caracterizan por condiciones de hacinamiento, violencia, corrupción, maltratos, vejámenes y humillaciones, tortura y tratos crueles e inhumanos y otras graves violaciones de derechos humanos. Nos alerta la instalación de penales de máxima seguridad en los países de la región, en tanto sabemos que las condiciones en dichas cárceles denigran la dignidad de las personas y constituyen una forma de tortura permanente y sofisticada.
Denunciamos también la generalizada criminalización de la protesta social, la judicialización, amenazas, hostigamientos, asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos y de la madre tierra, así como el abuso de la detención preventiva. Todo ello como estrategia de los Estados para eliminar la organización y la movilización social.
Observamos también con preocupación que se mantiene la impunidad sobre abusos policiales y militares, especialmente de principales responsables de masacres y de sistemáticas violaciones de derechos humanos que ocuparon altos cargos políticos, policiales y militares, algunos de los cuales han recibido asilo y protección del gobierno de los Estados Unidos y de otros gobiernos de la región. La situación se agrava por el mantenimiento o amenazas de creación en algunos Estados, de anacrónicas leyes de amnistía o punto final. La verdad sin justicia hace imposibles la reparación, la recuperación del proyecto de vida y la reconstrucción del tejido social.
Sufrimos también el aumento de la violencia y la delincuencia, fruto de las inequidades sociales y las políticas excluyentes y empobrecedoras de las mayorías, y observamos que este aumento de la delincuencia es usado como justificación para mayor represión, control social, desarticulación de los movimientos y luchas sociales, especialmente a través de la implementación de leyes antiterroristas, militarización de las políticas de seguridad, aumentos de penas, creación de nuevos delitos, fabricación de delitos no existentes, detenciones arbitrarias, operativos de limpieza social, supuestas muertes en enfrentamientos (falsos positivos), internación forzada, estigmatización y represión hacia los jóvenes, niños, niñas y adolescentes, tomas violentas de caseríos rurales, comunidades indígenas y barriadas populares, junto con un mayor tráfico de armas, proliferación de agentes de seguridad privada, acciones paramilitares y aumento del narcotráfico.
Llamamos la atención sobre el despojo que están sufriendo los pueblos originarios de sus tierras y otros recursos naturales, en el marco de megaproyectos desarrollistas, extractivos, mineros, energéticos, de “comunicación”, entre otros, todos acordes con las políticas neoliberales y de libre comercio, los cuales están destruyendo no sólo recursos vitales para nuestro planeta -como reservorios de agua, vegetación, biodiversidad- sino que ponen en peligro la sostenibilidad de la vida.
Estamos en presencia también del peligro de la manipulación y captación de las organizaciones sociales y de derechos humanos por parte de los gobiernos, así como la cooptación de luchadoras y luchadores sociales para asumir cargos públicos, en detrimento de los liderazgos de los movimientos populares.
Por lo anterior, exigimos a los Estados de Latinoamérica:
Garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las poblaciones latinoamericanas.
Tomar medidas respecto a la seguridad ciudadana en respeto al Estado de Derecho y de las garantías fundamentales de la población.
El cumplimiento de los tratados internacionales en materia de tortura, tratamiento a personas privadas de su libertad, los derechos de niños y niñas, mujeres, ancianos, personas de la diversidad sexual y demás grupos vulnerables. Así como la implementación de mecanismos efectivos de reparación integral a todas las víctimas de torturas y otras graves violaciones de derechos humanos.
El respeto a los derechos de los pueblos originarios, así como los económicos, sociales, culturales y ambientales.
Agradecemos a todos los grupos y movimientos sociales, jóvenes, mujeres, ancianas, ancianos, pueblos originarios, defensores y defensoras de derechos humanos, por mantener viva la esperanza y las luchas en la construcción de un mundo más justo y humano, una vida más saludable y digna para todos y todas.
Por último hacemos un fuerte y urgente llamado a toda la sociedad y a todas las instituciones públicas y privadas a sumarse a la tarea de erradicar la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la impunidad. ¡NO MÁS TORTURA!
Dado en la ciudad de Lima a los nueve días del mes de septiembre
del año dos mil once.
Por la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos:
- Centro de Alternativas en Salud Mental y Derechos Humanos (ATYHA), Paraguay.
- Centro de Atención Psicosocial (CAPS), Perú.
- Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile.
- Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), Honduras.
- Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), México.
- Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), El Salvador.
- Corporación AVRE – Acompañamiento Psicosocial y Atención en Salud Mental a Víctimas de Violencia Política, Colombia.
- Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina.
- Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala.
- Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador.
- Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador.
- Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala.
- Grupo Tortura Nunca Mais – Río de Janeiro (GTNM/RJ), Brasil.
- Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Bolivia.
- Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala.
- Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Venezuela.
PRONUNCIAMIENTOS
ARGENTINA
La Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud Contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos,
Saluda y adhiere a la presentación de la publicación de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos de la Argentina –AEDD- “Tantas Voces... Tantas Vidas - 5 años de la desaparición de Jorge Julio López”. Destaca este hecho como una nueva expresión de la permanente lucha contra la impunidad a cinco años de su desaparición y fundamental aporte a la construcción de la memoria colectiva. Hace propias las palabras: ”Resistiendo al olvido y a la desmemoria interesada… exigiendo en cada hecho y en cada acto por Jorge Julio López”.
BOLÍVIA
La Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud Contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos,
Expresa su preocupación por el incumplimiento de la ley 2640 de 1995, donde se establece que las víctimas de tortura reciban un resarcimiento económico por los daños sufridos, ya que hasta la fecha más de 8.000 personas que persiguen este cometido no han obtenido resultado satisfactorio. Con ello el Estado no sólo revictimiza a los luchadores sociales, sino que los estigmatiza haciéndolos aparecer como mentirosos y rebaja su credibilidad como líderes populares.
Demandamos el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, que obliga al estamento militar a desclasificar sus archivos.
Rechazamos el creciente clima de amenaza y criminalización de la protesta en Bolivia, donde además se pretende confrontar al pueblo contra el pueblo. Reivindicamos el derecho a disentir que tienen los ciudadanos en un gobierno llamado democrático.
BRASIL
La Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud Contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos,
Celebra y apoya la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de diciembre de 2010, sobre la represión a la guerrilla de Araguaia que obliga al gobierno brasileño, hasta el final de 2011, a buscar los restos mortales de los desaparecidos, la apertura de todos los archivos de la represión política (1964-1985) y el castigo a los responsables. Esta sentencia se hace extensiva además a todos los desparecidos políticos de Brasil.
Apoya la conformación de una Comisión de Verdad, Memoria y Justicia que sea autónoma e independiente del gobierno, y que efectivamente investigue, difunda y castigue a los responsables por los crímenes de lesa humanidad correspondientes a ese periodo.
Se pronuncia contra las políticas de criminalización de la pobreza y de limpieza social, el encarcelamiento masivo e el exterminio de las poblaciones más vulnerables. De la misma forma, repudia el internamiento forzado de niños y jóvenes que viven en las calles y el retroceso de la Política de Salud Mental Brasileña, que bajo el pretexto de atender a los graves efectos del abuso en el consumo de drogas entre las poblaciones vulnerables, promueven tratamientos basados en la segregación e internación forzadas en detrimento de políticas inclusivas y promotoras de los derechos humanos y garantías fundamentales.
EL SALVADOR
La Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud Contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos,
Expresa su profunda preocupación por la falta de respuesta del Estado Salvadoreño, después de 19 años en materia de reparación a las más de 10,000 víctimas del conflicto armado así como la erradicación de las prácticas que socavaron el derecho a la vida y a la integridad durante ese periodo.
Si bien la Red reconoce que han existido algunas acciones encaminadas a ello, es necesario dar un sentido real de recuperación de los tejidos sociales dañados y que ahora inciden en la vulnerabilidad de la sociedad ante las condiciones de violencia que se viven en la región, y que propician la práctica de violaciones como es la tortura.
Para ello apoyamos el esfuerzo de las organizaciones de derechos humanos en su decisión por impulsar medidas de reparación integral que se sostengan en el derecho a la verdad y la justicia. Señalando además la importancia de la adhesión o suscripción de instrumentos como el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura, que contribuyen al proceso de cambio y al fortalecimiento de un Estado de Derecho.
HONDURAS
La Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud Contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos,
Condena la persistencia de la violación del derecho a la vida en Honduras, la represión política y la impunidad por la falta de investigación de los actos criminales, en particular el uso del sicariato con fines de represión social, que recientemente ha cobrado la vida del activista del Frente Nacional de Resistencia Popular Mahadeo Roopchand Sadloo Sadloo más conocido como EMO.
Denuncia, además, que la militarización del país se ha traducido en gastos millonarios para la compra de aviones Tucanos en detrimento del gasto social, minando así el desarrollo humano de la población hondureña.
Motivo de especial preocupación lo constituye la apertura de cárceles de máxima seguridad en las cuales el riesgo de tortura va a ser incrementado.
MÉXICO
POR LA DESMILITARIZACIÓN Y EL CESE DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO EN EL CONTEXTO DE LA “GUERRA” CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Las organizaciones integrantes de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos, reunidas en Lima los días 5 y 9 de septiembre del 2011 en el Seminario Latinoamericano de Salud Integral y Derechos Humanos manifestamos:
Nuestra profunda preocupación por la condición de Estado de Excepción en el que se encuentra México a raíz de la “guerra” contra al narcotráfico, proclamada por el Estado Mexicano en la reciente administración del presidente Felipe Calderón, en el marco de la Iniciativa Mérida. Ello se ha traducido en una militarización general del territorio nacional (90 mil efectivos del Ejército, 15 mil de la Marina y 35 mil de la Policía Federal) y el aumento alarmante de violaciones a los derechos humanos de la población.
De acuerdo con la prensa local, el saldo actual es de 50 mil muertos (entre ellos 4 mil niños y adolescentes), 5 mil desaparecidos, 76 periodistas asesinados y 12 desaparecidos, alrededor de 11 mil migrantes secuestrados y el hallazgo de cientos de fosas clandestinas a lo largo del país (en 2010, por ejemplo, se encontraron los cuerpos de 72 migrantes en el estado de Tamaulipas, 55, en Guerrero y, en 2011, en Durango se hallaron 86 cadáveres).
A esto se suma la suspensión de las garantías de la población civil y la justificación de la violación a sus derechos humanos refiriéndose a ello como “daños colaterales”. Se registra, además, la detención arbitraria de más de 70 mil personas, el uso de la tortura para arrancar confesiones o firmar declaraciones falsas, y la reclusión en penales de máxima seguridad.
Por otra parte, continúa la criminalización de la protesta social y el hostigamiento y ataques contra defensores de derechos humanos y líderes sociales. En el 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró un aumento del 128% en agresiones contra defensores, en comparación al periodo del 2005 al 2009.
Pese a la demanda ciudadana de los movimientos sociales contra la desaparición, por la paz y la justicia, el Presidente Felipe Calderón se niega a regresar a los militares a sus cuarteles, a cambiar su estrategia de combate al narcotráfico, e insiste en la implementación de una Ley de Seguridad Nacional que eximirá de responsabilidad a los militares por las violaciones a los derechos humanos que cometan. Ello, sumado a la reciente duplicación del presupuesto para el Ejército (de 26 mil millones de pesos en el 2006 a 50 mil millones en 2011), no sólo agudizará el desgarramiento del tejido social (desplazamientos, pueblos fantasma, niños y niñas en orfandad (50 mil), miedo generalizado), sino que apuntará a un alargamiento de la guerra y consecuencias más graves para la sociedad mexicana.
Por lo anterior, nos pronunciamos por el estricto respeto de los Derechos Humanos, obligación asumida por el Estado mexicano con la ratificación de los diversos tratados internacionales. Recordamos que bajo ninguna circunstancia estos derechos de la población se pueden suspender. En este sentido, urgimos al Estado mexicano a garantizar los derechos humanos de la población, investigar y sancionar cualquier violación de los mismos por parte de policías y militares, poner fin a la militarización del país y garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos, periodistas, migrantes y activistas sociales.
PERU
La Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud Contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos,
Insta a que se elabore y apruebe el reglamento de la Ley de Consulta Previa en Perú que garantice la dignidad de los pueblos originarios así como sus derechos económicos, culturales, sociales y ambientales.
Rechaza las declaraciones de los funcionarios públicos que promueven políticas de amnistía o de punto final que van a contracorriente de los procesos de verdad, justicia y reparación integral a la que el actual gobierno se comprometió en su campaña de elección presidencial.
CHILE
Após relatório de comissão da verdade, número de
vítimas oficiais do regime Pinochet pode dobrar
A Comissão da Verdade do Chile, que investiga os crimes do regime militar do general Augusto Pinochet (1973-1990), entregou ao presidente chileno, Sebastián Piñera, 18/08, relatório que pode duplicar o número de atingidos oficiais do período. Atualmente, o número oficialmente reconhecido de casos de detenção ilegal, tortura, execuções e desaparecimentos é 28.459.
A comissão recebeu 32 mil novas denúncias de violação de direitos humanos cometidas durante o período militar. Se essas denúncias forem validadas, elevarão para mais de 60 mil o número de vítimas de Pinochet.
A Comissão da Verdade sobre Prisão Política e Tortura – conhecida como Comissão Valech em homenagem ao ex-bispo de Santiago Sérgio Valech, que a presidiu até sua morte, em 2010 – foi criada em 2003 pelo então presidente chileno Ricardo Lagos. Em sua primeira fase, o órgão ouviu mais de 35 mil testemunhos de pessoas que sofreram abusos. Em novembro de 2004, Lagos anunciou que 28.459 casos haviam sido qualificados como atingidos oficiais.
Antes da criação da Comissão, o Chile reconhecia oficialmente apenas 2.279 mortes nas mãos de agentes do Estado durante o regime de Pinochet, compiladas pelo Relatório Rettig, que resultou dos trabalhos da Comissão da Verdade e Reconciliação de 1991. O relatório contabilizou apenas os desaparecimentos e execuções, deixando muitos de fora.
A pedido de organizações de direitos humanos, em 2009 o Parlamento chileno reabriu a Comissão da Verdade, recomendando a seus membros que tomassem, durante seis meses, novos testemunhos de atingidos. Mesmo com a nova contagem, organizações de direitos humanos estimam que há muitos casos de abusos sem terem sido contabilizados.
Juanita Aguilera, da Comissão Ética Contra a Tortura, disse que a Comissão Valech não levou em conta os casos de estrangeiros detidos e torturados no Chile, nem incluiu os casos de chilenos desaparecidos em outros países do Cone Sul durante a chamada Operação Condor.
Além disso, estima-se que muitos atingidos que vivem em zonas afastadas não registraram suas denúncias por medo ou falta de informação sobre a Comissão. Por isso, muitas organizações de direitos humanos defendem que o órgão se mantenha permanentemente aberto.
Um dos impactos do novo relatório diz respeito à reparação econômica para os atingidos do regime militar reconhecidos oficialmente. Quem sofreu abuso nas mãos do Estado entre 1973 e 1990 tem direito a uma pensão mensal de cerca de US$ 256. Se for duplicado o número de vítimas do regime militar, caberia ao Estado chileno desembolsar mais de US$ 185 milhões por ano, só com reparações econômicas.
Organizações como a Associação de Parentes de Executados por Razões Políticas (Afep, na sigla em espanhol) e a Comissão Ética Contra a Tortura apontam que o valor é baixo para ressarcir o dano causado, mas que o reconhecimento dos abusos do regime serve de consolo aos atingidos. A inclusão nas listas oficiais pode respaldar eventuais iniciativas para abrir processos civis contra seus algozes.
Somente 270 pessoas apresentaram processos por tortura, enquanto a Afep deu entrada em 1,6 mil processos na Justiça por casos de execuções.
COMPROMISO DE SANTIAGO DE CHILE
Salvador Allende Gossens
Días 9, 10, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2011
Reunidos en Santiago de Chile, los días 9, 10 y 11 de Septiembre de 2011, los participantes en el Tercer Encuentro Latinoamericano de Derechos Humanos, asumimos los siguientes compromisos:
Nos comprometemos a lograr una verdadera democracia establecida en justicia y dignidad, que deje atrás los largos y pactados procesos de transición basados en el empate de la responsabilidad y fundamentado en la teoría de los dos demonios, etapa que hemos vivido desde la salida de las dictaduras.
Nos comprometemos a seguir luchando, desde la calle y la institucionalidad, contra la impunidad persistente en el continente y lograr la verdadera justicia y la reparación integral necesaria para el establecimiento de la democracia real y la cultura de los derechos humanos.
Nos comprometemos a reclamar, ante instancias nacionales, regionales y continentales, que la justicia tenga las herramientas y la doctrina para que jueces y fiscales puedan hacer verdadera justicia.
Nos comprometemos a denunciar ante jueces y fiscales la complicidad de los civiles, el poder económico y de los medios de comunicación, que apoyaron las dictaduras y se beneficiaron con las violaciones a los derechos humanos cometidas por aquellas.
Nos comprometemos a propiciar que los legisladores aquí presentes entreguen nuestras inquietudes y compromisos a los presidentes de la Unión de Naciones del Sur UNASUR, para que en la misma se implemente un programa en derechos humanos.
Nos comprometemos a promover y demandar que los programas de enseñanza de los países de América Latina incorporen en profundidad la temática de los derechos humanos y la realidad vivida en la historia reciente.
Nos comprometemos a ampliar este encuentro a toda Latinoamérica para que delegaciones de todos los países puedan nutrirnos con sus experiencias en la defensa de los derechos humanos y reforzar los lazos de solidaridad y acción conjunta.
Nos comprometemos a exigir el fin del extrañamiento y de la persecución de los luchadores sociales, así como la criminalización de las demandas por justicia social en el continente.
Declaramos, toda nuestra solidaridad para con la ciudadana colombiana Piedad Córdoba y nuestra preocupación ante el sistemático Terrorismo de Estado y actuales violaciones a los derechos humanos en Colombia y Honduras.
Declaramos apoyar la movilización estudiantil chilena y sus legítimos reclamos, los que incluyen el establecimiento de la verdad y justicia en el caso del asesinato del joven Manuel Gutiérrez el 25 de agosto del presente año.
Declaramos nuestra pretensión de que se arbitren en Chile todas las medidas que permitan que el violador de derechos humanos Otilio Romano responda ante los Tribunales de la República Argentina.
Declaramos todo nuestro apoyo a las demandas de los pueblos originarios y nuestro absoluto respeto de su autodeterminación.
Juntos declaramos y nos comprometemos a participar en el próximo cuarto encuentro que se realizará en tres meses más en Bolivia o Paraguay.
Santiago de Chile Septiembre 2011.
ATAQUE ARMADO CONTRA COMUNIDADE MAPUCHE
Juana Calfunao Paillalef, defensora dos Mapuche, homenageada com a
Medalha Chico Mendes de Resistência, em 2006, no Brasil (Arquivo do GTNM/RJ)
Comunicado urgente do indígena PuLofMapuXawün
“Estou fazendo um apelo urgente à comunidade internacional, aos organismos de direitos humanos e à sociedade chilena em seu conjunto. Neste momento, ocorre em minha comunidade um ataque criminoso, covarde e ordenado pelo Governo chileno. A Polícia Militar está atacando com todo tipo de armamento, em especial uma metralhadora, os mapuches, que têm se esquivado das balas dos algozes, se escondendo dos seus perseguidores. Os jovens tentam proteger as crianças e as mulheres, mas é muito difícil devido às bombas de gás lacrimogênio disparadas”....
“Este é o apelo desde Temucuicui à voz da comunidade Mijael Carbone Queipul, em meio ao combate e aos disparos de balas efetuados pela polícia de elite. Tal fato é um desrespeito à dignidade e aos direitos humanos, assim como às pessoas da comunidade Ignacio Queipul em Temucuicui, onde a força policial tem entrado e perseguido a população que reivindica um Fundo usurpado da comunidade”.
“Os povos indígenas têm tentado desesperadamente assumir a defesa real dos direitos humanos do Chile, em particular, de suas comunidades, onde as crianças vivem escondidas devido ao terror implantado pelo governo. Conclamamos os nossos companheiros a se solidarizar com nossa luta e condenar o governo chileno por esses atos de força e ilegalidade”.
Ercilla, 5 de agosto de 2011
PuLofMapuXawün
ARGENTINA
Recuperando o passado
As Avós da Praça de Maio entregaram recentemente seis netos localizados através de testemunhos de familiares, amigos de infância e adolescência, companheiros de militância e de trabalho. Tais testemunhos constituem um arquivo que reconstrói a identidade sobre os pais biológicos, sobre suas famílias. Os documentos também incluem fotos, vídeos e livros.
O trabalho do Arquivo Biográfico Familiar cuja missão é “reconstruir a história de vida dos desaparecidos, cujos filhos nascidos em cativeiro ou sequestrados junto com seus pais foram apropriados durante a última ditadura militar”. Segundo informe do boletim das Avós, elas conseguiram encontrar através dos arquivos os seguintes netos: Ezequiel Rochistein Tauro, Matías Espinosa Valenzuela, Gabriel Cevasco, Andrés La Blunda e Fernando Araldi Oesterheld. Também encontraram Eduardo “Wado” de Pedro, funcionário das Aerolíneas Argentinas, que permaneceu quatro meses nos porões de quartéis, quando do sequestro de sua mãe, e ainda, tem um irmão desaparecido.
Fonte: Tiempo Argentino
Avós da Praça de Maio concluiram o caso nª 105
A partir de agora, Laura poderá reconstruir sua história, conhecer sua família e ser livre.
Ela é filha de Susana Leonor Siver e Marcelo Carlos Reinhold, nasceu em fevereiro de 1978, de parto cesariana, no Hospital Naval. Teve conhecimento que seus pais foram sequestrados em 14 de agosto de 1977, em Haedom, na zona oeste da Grande Buenos Aires, em uma operação comandada pelo Serviço Secreto de Inteligência Naval e levados para a Escola de Mecânica da Armada (ESMA). Ambos militavam na organização Montoneros. Na ocasião, Susana estava grávida de quase quatro meses. Laura e sua mãe só puderam ficar juntas por 15 dias nos cárceres da ESMA. Agora sua família poderá lhe contar sobre os projetos de Susana e Marcelo, seus ideais, sua militância, seus sonhos de uma vida com a filha.
Aos 34 anos, Laura aceitou realizar voluntariamente o exame de DNA, no Banco Nacional de Dados Genéticos, através da Comissão Nacional pelo Direito a Identidade (CONADI). Em 12 de agosto último, o Banco informou à CONADI que a jovem tem 99.9% de pertencer à família Reinhold – Siver.
A Associação das Avós da Praça de Maio destacam que, atualmente, se encontram em processo de julgamento dez genocidas da última ditadura civil-militar que participaram do plano sistemático de roubo de crianças. O caso de Laura é um dos 36 que estavam sob investigação, mas agora é mais um caso esclarecido.
Desde 28 de fevereiro de 2011, o Tribunal Oral e Federal nº 6 está julgando os seguintes genocidas: Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros, Rubén Franco, Antonio Vañek, Antonio Azic, Eduardo “Tigre” Acosta, Susana Colombo, Víctor Gallo e Jorge Luis Magnacco.
Ao encontrar Laura, as Avós da Praça de Maio se tornam mais fortes, em sua luta de encontrar crianças sequestradas durante o período do regime militar.
PARAGUAI
Paraguaia recupera identidade
Victorina Godoy Viera fugiu do Paraguai por ser perseguida pela ditadura civil-militar de Alfredo Stroessner. Viveu por um tempo na Argentina e se estabeleceu no Uruguai onde militou com os Tupamaros. Em 1972 foi sequestrada, teve dois filhos no cativeiro, sendo a segunda em 1974. A filha caçula, hoje uma mulher de quase 40 anos, descobriu que sua mãe biológica seria Victorina, que estava desaparecida, recuperou sua identidade com a ajuda da Comissão de Direitos Humanos do Coletivo de Paraguaios residentes em Buenos Aires, filial argentina do Movimento Nacional de Vítimas da Ditadura Stronista. A entidade descobriu que a jovem mãe e sua filha foram trasladadas em diferentes datas e em diferentes vôos ao Paraguai e Argentina.
Enquanto Victorina continuava nos cárceres de seu país, sua filha foi registrada em nome de um casal em Buenos Aires. O Coletivo, em comunicado oficial, assinala:
“Depois de muita procura pudemos encontrar e entregar o arquivo biográfico à família.”
No documento, advertem que a história de Victorina e Victória não é singular. “Esta é a quarta jovem filha de desaparecidos durante a ditadura stronista que recuperamos”, afirmam os membros da entidade.
Entre 1954 e 1989, durante o genocídio paraguaio, há documentos no arquivo do Coletivo de 58 crianças desaparecidas, podendo chegar a 200.
NICARÁGUA
Federação Centroamericana de Associações de Juízes Democráticos
Reunidos na cidade de Manágua, República da Nicarágua, as associações de juízes e juízas centroamericanas subscrevem o presente comunicado:
Constituímos a Federação Centroamericana de Associações de Juízas e Juízes Democráticos, organização com sólida vocação democrática, comprometida com o fortalecimento do Estado Constitucional de Direito, com a independência judicial e o respeito aos Direitos Humanos, em cada um dos países da região centroamericana.
Mediante o fortalecimento da institucionalidade e o exercício de associação democrática, a Federação pretende promover um efetivo acesso à justiça e à tutela judicial a todos os usuários da administração de justiça, as políticas de igualdade de gênero, a transparência e a prestação de contas nos sistemas judiciais centroamericanos.
Conhecemos por nossa propria experiência os mútiplos e significativos obstáculos que existem em nossos países para que os poderes judiciais sejam verdadeiramente independentes, por tal razão, nós temos de nos aglutinar neste ente federativo, e ademais devemos realizar um esforço integracionista da região. Esperamos contribuir para o fortalecimento da independência e da democratização dos sistemas judiciais na Centroamerica e no marco do Estado Constitucional de Direito.
Manágua, Nicarágua, 3 de setembro de 2011
PANAMÁ
Dia Internacional do Desaparecido
MEMÓRIA VIVA NA LUTA PELA VERDADE, MEMÓRIA E JUSTIÇA
A ditadura militar no Panamá, que se extendeu por um longo período, de 11 de outubro de 1968 até a fatídica invasão militar dos Estados Unidos, em 20 de setembro de 1989, da qual fez parte Omar Torrijos Herrera, continua sendo uma viva realidade no país. Os familiares dos desaparecidos continuam lutando para localizar os restos mortais de seus parentes e as circunstâncias de suas mortes.
A indiferença do Estado panamenho, a falta de iniciativa do judiciário, que não uitiliza os mecanismos legais, e o silêncio cúmplice das autoridades marcam o “não fazer” da justiça panamenha perante os desaparecidos e assassinados naquele período. Apesar dos setores interesados em manter o esquecimento, a luta das famílias continua. Nem a dor, nem a injustiça são obstáculos para esmorecer suas trajetórias.
A figura de Manuel Antonio Noriega, o defenestrado ex-comandante da Forças de Defesa do Panamá, nunca deixou de ser notícia após a invasão estadonidense, quando foi julgado, condenado e sentenciado a muitos anos de prisão. Extraditado para a França, foi julgado e sentenciado por vários anos por narcotráfico e lavagem de dinheiro. Nesse momento, sua presença adquire maior relevância, pois a justiça francesa aprovou sua volta ao Panamá, onde existem sentenças de mais de 60 anos pelos assassinatos cometidos por ele, tanto material como intelectualmente. A justiça panamenha será omissa se permitir que Noriega não seja recolhido à prisão, e também, se não seguir a norma internacional para os perpetradores de crimes de lesa-humanidade.
Um dos inúmeros casos ainda pendentes, finalmente, será julgado em David, província de Chiriquí, precisamente no Dia Internacional do Desaparecido. Trata-se dos responsáveis pelos desaparecimentos de Julio Mario Villarreal De las Casas, José Manuel Morantes e Manuel Díaz Adames. E também de Abundio Moreno, Roberto Pérez Bardales e Pedro Ayala. Nos últimos oito meses, esse julgamento foi adiado por quatro vezes através de recursos interpostos pelos advogados. Atualmente, os familiares esperam que se faça justiça, que o Ministério Público tenha feito o seu trabalho e que a Justiça os condenem.
Por outro lado, o avanço significou que os familiares lograram que o Executivo e a Chanceleria escutassem suas demandas, abrindo uma Mesa de Entendimento, no sentido de trabalhar sobre uma agenda, que estava paralizada e esquecida pela Chancelaria, apesar dos esforços do Ministério Público por meio da Fiscalía Especial, do Instituto Médico Legal e Ciências Forenses, familiares de diversas regiões, como também, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha.
Os familiares apelam para a boa vontade do Senhor Chanceler da República, que aprovou a Mesa de Entendimento para que continue abrindo espaços de trabalhos para terminar com os casos pendentes, a reparação moral e econômica e a inclusão dos temas direitos humanos, ditadura militar e desaparecimentos, na agenda governamental.
Comitê de Familiares de Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego
Padre Héctor Gallego
Nesta data a COFADEPA-HG saúda todas as organizações internacionais de familiares de atingidos e seus militantes comprometidos com a luta pela causa da Verdade, Justiça e contra a impunidade, que estão escrevendo páginas heróicas na busca dos desaparecidos e na responsabilização dos acusados de crimes de lesa-humanidade, militares e civis em tempos de ditadura.
Panamá, 29 de agosto de 2011
GUATEMALA
A família de Lux Benito conseguiu se reencontrar depois de 30 anos separada
GAM – Grupo de Apoyo Mutuo
Como consequências de práticas de violações dos Direitos Humanos, em diversas comunidades, aconteceram inúmeras separações entre famílias que, para se salvarem, fugiram para outros lugares buscando refúgio em povoados das montanhas do México. Como foi o caso da família de Miguel Lux López.
A comunidade dos Cimientos, de São Bartolomeu Jocotenago e de Quiche viviam pacificamente integradas ao trabalho do campo. Em 1981, quando o exército da Guatemala invadiu a comunidade, onde Miguel Lux López, sua mulher e filhos habitavam, mataram mulheres, crianças e velhos, e ainda queimaram casas e capturaram várias pessoas. Em meio ao massacre, seu filho Baltasar Lux, se separou de sua família e fugiu para as montanhas, passando por muitas dificuldades e sem nada saber sobre sua família.
Com o retorno dos refugiados, Baltazar Lux regressou junto com a família que ele havia constituído em Quintana Roo e entrou em contato com o Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), que o ajudou a se reencontrar com sua mãe e uma irmã, após várias investigações. O pai, Miguel, havia morrido e do resto da família se desconhece o paradeiro.
As organizações, GAM e a Cruz Vermelha Internacional, têm colaborado no processo de encontrar as famílias. Neste ano, conseguiu unir cinco famílias sem nenhum apoio do Estado guatemalteco.
Guatemala, 2 de setembro de 2011
GAM - Grupo de Apoyo Mutuo
HONDURAS
Assassinato no campo
Na madrugada do dia 1 de setembro último, foi assassinado o camponês Olivin David González Godoy, jovem de 24 anos, casado e pai de uma menina de oito meses. Olivin era membro da Cooperativa 21 de Julho, afiliada á entidade camponesa MUCA.
Segundo os dirigentes da organização, não há dúvida que a morte de Olivin foi decorrente do conflito agrário em Honduras, que segue sem solução.
O MUCA em comunicado público assinala que: “a falta de justiça social e a impunidade manifestada pela inoperância das autoridades, assim como a militarização têm contribuído no massacre de dirigentes camponeses”. E acrescentam que: “a ordem do dia dos paramilitares em realizar o trabalho de profilaxia social gera mais violência”.
O MUCA expressa sua indignação com as graves violações dos direitos humanos no interior de Honduras, onde as mortes de camponeses têm se convertido em fatos cotidianos.
FIAN, Tegucigalpa MDC, 2 de setembro de 2011