El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ - Uruguay) y el Observatorio del Sistema Judicial (Fundación Justicia y Derecho), manifiestan su profundísima consternación frente a los acontecimientos ocurridos en la madrugada de hoy en la Cárcel Departamental de Rocha, donde un incendió acabó con la vida de trece personas y dejó siete gravemente heridas. Ni bomberos, ni los funcionarios penitenciarios lograron rescatarlos oportunamente. Algunas de estas personas murieron incineradas y otras por asfixia.

Dentro del marco del proyecto “Hacia una política de Estado en privación de libertad: diálogo, recomendaciones y propuestas” hemos realizado múltiples visitas a diferentes establecimientos de todo el país, donde estamos efectuando un relevamiento de las condiciones de las personas privadas de libertad. En los pasados 1º y 2 de julio ingresamos concretamente al establecimiento penitenciario de Rocha, donde una de las constataciones más graves fue la exacerbada precariedad de las condiciones de vida dentro de las cuadras. Estas irregularidades y deficiencias edilicias y la ausencia de condiciones elementales vienen siendo constatadas y denunciadas por el SERPAJ desde hace más de siete años. Tales precariedades se agravan con el aumento progresivo de las condiciones de hacinamiento.

El Estado tiene el deber de proteger a los privados de libertad contra todo tipo de actos contra su integridad física o mental y como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos. La condición de garante del Estado le obliga a prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión a su vulneración. Por lo que no se trata de un mero accidente respecto del cual no es posible determinar responsabilidades.

Nos resulta imperioso que las autoridades tomen cartas en el asunto exigiendo una investigación rigurosa e independiente que lleve al esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades correspondientes, así como también implementar urgentemente las mejoras imprescindibles para eliminar los riesgos latentes de todos los establecimientos carcelarios.
Montevideo, 8 de julio de 2010
Publicado em: 08/07/2010